Antioquia, cerca de alcanzar una cifra récord de lesionados por pólvora durante este año.
A pesar de la arraigada creencia popular que vincula las festividades decembrinas con el uso de pirotecnia, el presente año ha registrado una intensidad de detonaciones y un incremento en el número de víctimas sin precedentes en casi una década. Antioquia atraviesa actualmente su mayor crisis de salud pública por esta causa en los últimos ocho años, con estadísticas que superan ampliamente los registros de periodos anteriores, y con la preocupación latente de que aún faltan fechas críticas como las celebraciones de fin de año, que históricamente representan un alto riesgo.
De acuerdo con el balance oficial al 28 de diciembre, el departamento suma un total de 136 personas afectadas por artefactos como voladores, papeletas y chorrillos, ignorando las múltiples normativas de prohibición y restricción de venta vigentes en sus 125 municipios. La tendencia al alza es alarmante y muestra una escala ascendente persistente: mientras que en el año 2017 se reportaban 51 casos a esta misma fecha y en 2021 la cifra apenas rondaba el centenar, el panorama de 2025 refleja un deterioro progresivo en el comportamiento ciudadano y en la eficacia de los controles.
La gravedad de la situación se hace especialmente evidente en la población infantil, ya que 41 de los lesionados son menores de 18 años, lo que pone en entredicho la responsabilidad y vigilancia de los adultos a cargo, a pesar de las severas sanciones legales existentes. Además, el saldo clínico es devastador, incluyendo a 13 personas de diversas edades que sufrieron la pérdida definitiva de alguna de sus extremidades debido a la potencia de las explosiones.
Medellín se mantiene como el principal foco de la emergencia en el departamento con 61 casos registrados, de los cuales una tercera parte corresponde a menores de edad, incluyendo a seis niños con menos de 11 años. La capital antioqueña también evidencia esta preocupante escalada, pues en comparación con 2018, cuando para esta época solo se contabilizaba una decena de heridos, las cifras actuales se han multiplicado drásticamente.
Ante el riesgo inminente de superar por primera vez en más de diez años la barrera de los 200 lesionados totales en la temporada, las estrategias gubernamentales y los operativos policiales en puntos de venta, almacenamiento y corredores viales parecen haber sido insuficientes. Los hechos sugieren que las labores de prevención y vigilancia se quedaron cortas frente a un mercado ilegal que logra evadir la ley, recurriendo incluso al almacenamiento y comercialización desde mediados de año para evitar los controles intensivos que se ejecutan durante el mes de diciembre.
