l Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional dejar vigente únicamente lo relacionado con el aseguramiento en salud y tumbar los demás apartados del decreto expedido en diciembre de 2025.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que mantenga vigente solo una parte del decreto con el que el Gobierno nacional declaró la emergencia económica en diciembre de 2025.
El pronunciamiento del Ministerio Público fue enviado dentro del proceso que estudia el alto tribunal sobre el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, medida que ya había sido suspendida provisionalmente por la Corte mientras avanza la revisión de fondo.
En su concepto, la Procuraduría consideró que el decreto únicamente debería conservar validez en lo relacionado con la garantía del aseguramiento en salud, especialmente en lo que tiene que ver con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que financian la atención de cada usuario dentro del sistema de salud.
Según el ente de control, ese punto sí tendría sustento constitucional, en la medida en que busca proteger la prestación del servicio y garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos. En esa línea, advirtió que el sistema enfrenta presiones por factores como los cambios demográficos, el incremento de los costos médicos y el impacto de nuevas tecnologías y tratamientos.
La Procuraduría también recordó que el Estado tiene la obligación de dirigir, regular, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema de salud, además de adoptar medidas que permitan asegurar la cobertura, el suministro de medicamentos y la atención oportuna de los pacientes.
Sin embargo, el Ministerio Público pidió que se declare inexequible el resto del decreto en los apartados relacionados con necesidades presupuestales de otros sectores. Entre ellos, los recursos dirigidos a defensa, la gestión de la Unidad Nacional de Protección, la atención de emergencias por desastres naturales, el pago de sentencias judiciales y las obligaciones atrasadas del Estado.
De esta manera, la Procuraduría planteó ante la Corte que el único punto que debería mantenerse en pie es el vinculado con salud, mientras que los demás componentes del decreto tendrían que salir del ordenamiento jurídico.
